Pronunciamiento: Organizaciones exigen hacer frente a la violencia feminicida en Puebla.

Puebla, Puebla a 26 de septiembre de 2017

Lic. José Antonio Gali Fayad
Gobernador del Estado de Puebla

Lic. Diódoro Carrasco Altamirano
Secretario de Gobernación del Estado de Puebla

Lic. Víctor Carrancá Bourget
Fiscal General del Estado de Puebla

Lic. Adolfo López Badillo
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

A la Sociedad en General:

Las organizaciones firmantes condenamos el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien se encontraba desaparecida desde el 08 de septiembre de 2017, y exigimos a las autoridades competentes hacer frente a la violencia feminicida en Puebla, acatando con seriedad el cumplimiento de las once conclusiones emitidas por el Grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de la alerta de violencia de género (AVG) en Puebla, y transparentando las acciones emprendidas para cumplirlas.

El feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda se suma a un contexto de violencia feminicida sistemática, ya que en lo que va del año los feminicidios se han incrementado en la entidad, superando los registros de años anteriores realizados por medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y espacios académicos.

Esta lamentable situación, que denota la máxima expresión de la violencia de género y el contexto de violencia hacia las mujeres en el Estado de Puebla, traducido en desapariciones, agresiones sexuales y asesinatos de niñas y mujeres, evidencia que el Estado ha incumplido con su deber de prevenir las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres, deber que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando:

i) las autoridades estatales sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida y/o integridad personal de un individuo o grupo de individuos determinado, y que ii) tales autoridades no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo1.

El contexto de violencia contra las mujeres en la entidad se agrava con la revictimización de las víctimas de feminicidios por parte de las instituciones públicas, de los medios de comunicación, de los líderes de opinión y en general de la sociedad, lo que denota que las conclusiones emitidas por el grupo de trabajo para atender la solicitud de la AVG en Puebla orientadas a la capacitación de servidores públicos y medios de comunicación, no han sido implementadas de forma adecuada y efectiva, a más de un año de su emisión.

Por lo anterior, hacemos un llamamiento urgente a las autoridades competentes y exigimos:

Primero. – Se adopten las medidas adecuadas, necesarias y urgentes para actuar con la debida diligencia en la investigación y esclarecimiento del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, así como en la sanción de los responsables, y asegurar que se repare el daño a familiares, lo cual incluye la indemnización, la atención integral necesaria, la determinación del derecho a la verdad mediante el conocimiento de información fidedigna, y las medidas de no repetición.

Segundo. – Se cumplan, de manera adecuada, todas y cada una de las recomendaciones realizadas al gobierno estatal por el grupo de trabajo conformado para analizar la solicitud de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Puebla. Son de especial urgencia las referentes al Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de Puebla en el Sistema Penal Acusatorio y el Protocolo para la Investigación, Preparación a Juicio y Juicio de los Delitos en Materia de Trata de Personas, pues no basta con su mera emisión si ésta no se traduce en esfuerzos de capacitación e implementación de sus operadores; la conformación del Banco Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia, la asignación de presupuesto y, sobre todo, la sensibilización y capacitación de los servidores y las servidoras a cargo de las investigaciones.

Tercero. – Generar estrategias de prevención de la violencia feminicida, articuladas de parte de las instituciones del gobierno del Estado, diseñadas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, y que éstas contengan indicadores de implementación, seguimiento y evaluación para garantizar su efectividad.

Es necesario que se reconozca que el problema de seguridad afecta de manera diferenciada a las mujeres. Por tanto, un trabajo orientado hacia la generación de políticas de seguridad integral debe reconocer, de manera explícita y con un enfoque de derechos humanos, la violencia de género que permea el tema.

Exigimos justicia para Mara Castilla, para las más de 80 mujeres víctimas de feminicidio en lo que va del año 2017 y para las de años anteriores. Queremos respuestas sobre las 249 desaparecidas (quizá más), de enero a junio de 2017. Por lo cual, es imperante que las autoridades reconozcan como feminicidios aquellos que aún permanecen invisibilizados y que, en todo momento, se respete su privacidad y se garantice una reparación integral.

Atentamente

Mesa de Género de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos de Puebla

Mesa de Seguimiento de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres Puebla, conformada por:

CADEM A.C.

Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social A.C.

COMALETZIN A.C.

Colectiva Hablemos de Género

El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana A.C.

Mutradh, Mujeres Trabajando por los Derechos Humanos

Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C.

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, Universidad Iberoamericana Puebla

Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (conformado por 40 organizaciones de 22 estados del país)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María

Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).